Barú sigue siendo el epicentro de la polémica, en la que están involucrados el Gobierno Nacional, los nativos y particulares.

EL TIEMPO, Mayo 4 de 2007.

En septiembre debe estar listo el Plan Maestro para promoverlo. Incluye cuatro hoteles con 250 habitaciones y un campo del golf. Los nativos insisten en que debe aclararse propiedad de tierras. El desarrollo turístico de Barú, en Cartagena, sigue adelante a pesar de la insistencia de los nativos para que se revisen los títulos de propiedad que están en poder del Gobierno. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, manifestó que no existe ninguna acción judicial que reclame derechos de propiedad sobre los predios. No obstante, dijo el Ministro, si alguna persona se considera con derechos sobre los mismos, "puede acudir a la jurisdicción civil, pero no dedicarse a promover invasiones".
Al parecer Plata hacía referencia a Armando Ramírez Marín, un comerciante manizalita que con la ayuda de un grupo de abogados asesora a los nativos de Barú para que reclamen la propiedad del terreno.
Ramírez está convencido de que los nativos -unos 3.500- son los dueños legítimos de los terrenos (Hacienda Santa Ana) en su calidad de herederos, y que es con ellos con quienes deben negociar los constructores de un complejo turístico en la zona, y no con el Gobierno.
Se trata de una pelea de años que ha derivado en desalojos, tutelas y hasta escaramuzas entre las partes.
Todo gira alrededor de unos terrenos frente a unas playas de arena blanca y aguas tranquilas y transparentes, a media hora de Cartagena por lancha, o por una carretera en mal estado que interrumpe el Canal del Dique, al que hay que cruzar en un ferry.
Debate en el Congreso
El tira y afloje llegó hasta el Congreso el pasado 24 de abril. Al debate asistieron el ministro Plata y Ramírez.
Por petición del senador Samuel Arrieta quedó planteada la conformación de una Comisión de Seguimiento con representantes de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el propio Arrieta, y sus colegas Javier Cáceres, Piedad Córdoba y Manuel Antonio Virgüez.
Esta Comisión vigilará si en la construcción del proyecto de Barú se han violado los derechos de los nativos.
El reclamo de los lugareños -expresado por Ramírez y sus abogados- se fundamenta en que el Gobierno compró, en 1982, unos títulos irregulares (falsa tradición) a unos particulares que mal podían acreditar propiedad sobre un bien de naturaleza comunitaria.
"En un bien solidario -explican los abogados- un derecho puede venderse para disfrute, pero jamás como fracción expresada en lotes. Salvo, claro está, que se liquide la figura solidaria, cosa que nunca ocurrió en el caso de la hacienda Santa Ana, vendida a los 94 comuneros que a finales del siglo XIX trabajaban allí".
El Ministerio de Comercio Industria y Turismo es, a su manera, otro "heredero", porque los títulos que posee fueron comprados a particulares (Beatriz Santo Domingo de Obregón; los hermanos Gabriel y José Antonio Echavarría Obregón, Norman Echavarría Olózaga, y una entidad llamada Adela Administración y Servicios Colombia) por la desaparecida Corporación Nacional de Turismo (CNT).
Esos títulos pasaron después al Ministerio de Desarrollo Económico, y ahora, con la fusión de carteras ministeriales en el gobierno Uribe, están en manos del actual Ministerio de Comercio.
Ramírez se preocupó por reunir, en diferentes escenarios, a los herederos de la hacienda Santa Ana, la mayoría de ellos dispersa por la Costa Atlántica y parte de Antioquia. La intención es liquidar la herencia, definir cuánto le corresponde a cada uno, y pasar a negociar de manera unificada con los particulares que impulsan el proyecto.
"No nos oponemos al desarrollo turístico de Barú, pero los inversionistas deben negociar con los legítimos dueños", insistió Ramírez.
Pero mientras los nativos aspiran a que, al menos en alguna instancia del proceso, los títulos sean revisados, la iniciativa sigue su marcha. En septiembre próximo debe estar listo el Plan Maestro Conceptual, que servirá para promover el turismo de manera unificada.
Pelea jurídica se intensificó hace 8 años
En el 2002, la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Cartagena dejó sin efecto una orden de lanzamiento que cursaba desde 1999 contra la nativa Amalia Julio y otros ocupantes.
La Superintendencia de Notariado y Registro concluyó, en segunda instancia, que los predios de La Puntilla pertenecen al Ministerio de Comercio.
En Playa Blanca (o Punta Seca), la Nación recuperó 13 lotes en una diligencia que estuvo a punto de malograrse el 23 de octubre del año pasado por varias tutelas.
El comerciante Armando Ramírez ha reunido varias veces a los herederos. El lunes 23 de abril, el día previo al debate, convocó a unos 2.000 en la Plaza de la Aduana.
Así será el plan
El proyecto turístico en Barú incluye un campo de golf de 18 hoyos, una marina internacional, 4 hoteles de 250 habitaciones, 2.000 villas, un centro comercial, un centro de salud y un centro de convenciones.
Permitirá atraer 400 mil nuevos turistas al año, así como la generación de 350 millones de dólares anuales de divisas.
En su fase de construcción generará más de 1.000 empleos directos; cuando esté operando, un poco más de 2.000; y unos 5.700 empleos indirectos.
El proyecto ocupará 438,8 hectáreas, con 2,8 kilómetros de playa.