Thursday, September 18, 2008

Barú sigue siendo el epicentro de la polémica, en la que están involucrados el Gobierno Nacional, los nativos y particulares.

EL TIEMPO, Mayo 4 de 2007.

En septiembre debe estar listo el Plan Maestro para promoverlo. Incluye cuatro hoteles con 250 habitaciones y un campo del golf. Los nativos insisten en que debe aclararse propiedad de tierras. El desarrollo turístico de Barú, en Cartagena, sigue adelante a pesar de la insistencia de los nativos para que se revisen los títulos de propiedad que están en poder del Gobierno. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, manifestó que no existe ninguna acción judicial que reclame derechos de propiedad sobre los predios. No obstante, dijo el Ministro, si alguna persona se considera con derechos sobre los mismos, "puede acudir a la jurisdicción civil, pero no dedicarse a promover invasiones".
Al parecer Plata hacía referencia a Armando Ramírez Marín, un comerciante manizalita que con la ayuda de un grupo de abogados asesora a los nativos de Barú para que reclamen la propiedad del terreno.
Ramírez está convencido de que los nativos -unos 3.500- son los dueños legítimos de los terrenos (Hacienda Santa Ana) en su calidad de herederos, y que es con ellos con quienes deben negociar los constructores de un complejo turístico en la zona, y no con el Gobierno.
Se trata de una pelea de años que ha derivado en desalojos, tutelas y hasta escaramuzas entre las partes.
Todo gira alrededor de unos terrenos frente a unas playas de arena blanca y aguas tranquilas y transparentes, a media hora de Cartagena por lancha, o por una carretera en mal estado que interrumpe el Canal del Dique, al que hay que cruzar en un ferry.
Debate en el Congreso
El tira y afloje llegó hasta el Congreso el pasado 24 de abril. Al debate asistieron el ministro Plata y Ramírez.
Por petición del senador Samuel Arrieta quedó planteada la conformación de una Comisión de Seguimiento con representantes de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el propio Arrieta, y sus colegas Javier Cáceres, Piedad Córdoba y Manuel Antonio Virgüez.
Esta Comisión vigilará si en la construcción del proyecto de Barú se han violado los derechos de los nativos.
El reclamo de los lugareños -expresado por Ramírez y sus abogados- se fundamenta en que el Gobierno compró, en 1982, unos títulos irregulares (falsa tradición) a unos particulares que mal podían acreditar propiedad sobre un bien de naturaleza comunitaria.
"En un bien solidario -explican los abogados- un derecho puede venderse para disfrute, pero jamás como fracción expresada en lotes. Salvo, claro está, que se liquide la figura solidaria, cosa que nunca ocurrió en el caso de la hacienda Santa Ana, vendida a los 94 comuneros que a finales del siglo XIX trabajaban allí".
El Ministerio de Comercio Industria y Turismo es, a su manera, otro "heredero", porque los títulos que posee fueron comprados a particulares (Beatriz Santo Domingo de Obregón; los hermanos Gabriel y José Antonio Echavarría Obregón, Norman Echavarría Olózaga, y una entidad llamada Adela Administración y Servicios Colombia) por la desaparecida Corporación Nacional de Turismo (CNT).
Esos títulos pasaron después al Ministerio de Desarrollo Económico, y ahora, con la fusión de carteras ministeriales en el gobierno Uribe, están en manos del actual Ministerio de Comercio.
Ramírez se preocupó por reunir, en diferentes escenarios, a los herederos de la hacienda Santa Ana, la mayoría de ellos dispersa por la Costa Atlántica y parte de Antioquia. La intención es liquidar la herencia, definir cuánto le corresponde a cada uno, y pasar a negociar de manera unificada con los particulares que impulsan el proyecto.
"No nos oponemos al desarrollo turístico de Barú, pero los inversionistas deben negociar con los legítimos dueños", insistió Ramírez.
Pero mientras los nativos aspiran a que, al menos en alguna instancia del proceso, los títulos sean revisados, la iniciativa sigue su marcha. En septiembre próximo debe estar listo el Plan Maestro Conceptual, que servirá para promover el turismo de manera unificada.
Pelea jurídica se intensificó hace 8 años
En el 2002, la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Cartagena dejó sin efecto una orden de lanzamiento que cursaba desde 1999 contra la nativa Amalia Julio y otros ocupantes.
La Superintendencia de Notariado y Registro concluyó, en segunda instancia, que los predios de La Puntilla pertenecen al Ministerio de Comercio.
En Playa Blanca (o Punta Seca), la Nación recuperó 13 lotes en una diligencia que estuvo a punto de malograrse el 23 de octubre del año pasado por varias tutelas.
El comerciante Armando Ramírez ha reunido varias veces a los herederos. El lunes 23 de abril, el día previo al debate, convocó a unos 2.000 en la Plaza de la Aduana.
Así será el plan
El proyecto turístico en Barú incluye un campo de golf de 18 hoyos, una marina internacional, 4 hoteles de 250 habitaciones, 2.000 villas, un centro comercial, un centro de salud y un centro de convenciones.
Permitirá atraer 400 mil nuevos turistas al año, así como la generación de 350 millones de dólares anuales de divisas.
En su fase de construcción generará más de 1.000 empleos directos; cuando esté operando, un poco más de 2.000; y unos 5.700 empleos indirectos.
El proyecto ocupará 438,8 hectáreas, con 2,8 kilómetros de playa.

Disparos en la Puntilla

El Sol
Julio 20 de 2008

Los nativos hacen memoria de otros hechos violentos como los disparos que los vigilantes de SEGBARU, hicieron en el predio La Puntilla, contra abogados, nativos y periodistas, en hechos ocurridos el 1ro. de febrero de 2007 en los predios del nativo Alfonso Pineda Julio
.
Interrogantes
¿Cuántas denuncias penales tiene esta empresa de vigilancia, pagada por la nación y las empresas privadas que están en el proyecto? ¿Cuánta sangre ha de correr para que se tomen cartas en el asunto?
¿Hasta cuando la Alcaldía, la Fiscalía y Fonade van a tomar cartas en este asunto que es ya una bomba de tiempo que se siente que va estallar en cualquier momento?
¿El procedimiento era pegarle un tiro a este nativo para sacarlo de este terreno, solicitar una acción policiva para desalojarlo, pedirle a la Capitanía del Puerto que lo desalojara por estar ocupando terrenos de bajamar , negociar como se venía haciendo con él y firmarle el papel del acuerdo como Erenel lo exigió?
La concentración será en la Plaza de la Aduana a las dos de la tarde y a la misma concurrirán los herederos de la Hacienda Santa Ana, en solidaridad con la familia del nativo asesinado a bala. En la misma estará el senador bolivarense Samuel Arrieta, autor de un debate candente en el Congreso de la República, sobre este álgido tema, quien pedirá que se haga justicia y que se aceleren los procesos.

El asesinato de anciano nativo en Playa Blanca provoca manifestación en Plaza de la Aduana

LA MUERTE DE ERENEL CAMARGO PEREZ
El Sol
Julio 20 de 2008

"Es un repudiable
hecho pero no es
aislado…
Es intimidatorio"

-La manifestación, de dos a cuatro de la tarde, no es solo por el asesinato a Sangre Fría de Erenel Camargo, un anciano cultivador de cocos.
-Los nativos marcharán contra lo que llaman "Crónica de una muerte anunciada" y a la que califican no de un hecho aislado cometido por un vigilante, sino de una política de intimidación contra quienes reclaman sus derechos en el proindiviso de la Hacienda Santa Ana.
El asesinato a sangre fría de un anciano en Playa Blanca, no es más que la crónica de una muerte anunciada y el desencadenamiento de una violencia que se veía venir y se había pronosticado, a raíz de las disputas por las tierras de la Hacienda Santa Ana, en la Isla de Barú.
Esto no es un caso aislado. En días anteriores, otra familia que disputa un terreno en la hacienda Santa Ana, fue amenazada de muerte, por un trabajador y testigo de la contraparte, en el proceso de tierras del predio Guayacán.

En otro sector de la misma Hacienda Santa Ana, en Portonaito, mientras la familia Maldonado, llevaba seis meses de negociaciones, con los abogados de los perturbadores de sus terrenos, conversaciones que están grabadas en cintas, llegó un grupo fuertemente armado de esta misma empresa de vigilancia y sacó a la fuerza a los miembros de la familia, quitándoles violentamente la posesión. Al momento de reclamar la familia Maldonado se encuentra que milagrosamente resultó un amparo policivo en su contra, del cual ellos no se dan explicación en qué momento se hicieron inspecciones oculares, peritazgos, se recibieron testimonios, para que le fuera concedido este amparo policivo contra indeterminados. Si ellos han estado siempre en su terreno y en dicho predio nunca ha habido estas actuaciones jurídicas y no se explican, si llevan seis meses de negociaciones con los abogados y contrapartes, se da un amparo policivo contra indeterminados cuando siempre han estado negociando contra quienes presumen ser propietarios.
Erenel Camargo Pérez, tenía sembrados unos cocos y hacia posesión en un terreno que está dentro de las tierras de un proyecto hotelero próximo a realizarse. El señor de 70 años de edad, sólo pedía que le compraran sus cosechas y sus mejoras. Ya se había llegado a una negociación con él, cuando un vigilante de la firma SEGBARU, que dirige el coronel (r) Amadeo González, disparó contra él y lo mató. ¿a razón de qué, si el señor está sentado en una silla, viene un vigilante, que no es ni fu ni fa, ni tiene que ver, y dispara contra él, cuando ya se estaba logrando un acuerdo entre las partes y el señor reposaba su guayabo y dormía?
Los nativos sienten y piensan que "esta muerte no es simplemente el asesinato de Erenel, sino un mensaje de intimidación para quienes están peleando tierras". Por lo que este lunes 21 de julio marcharán para repudiar los crímenes, las vejaciones y las intimidaciones.

Friday, April 25, 2008

International Companies vs. Afro-Colombian Inhabitants of Isla Barú

Here is a rundown of the known companies vying for possesion of the land:

1. Bavaria SAB Miller: the largest beverage company in Colombia. Its brands include: Águila, Águila Light, Póker, Costeña, Pilsen, Club Colombia, Brava, Costeñita, Pony Malta, Agua Brisa, Agua Brisa con gas, Tutti Fruti, Malta Leona, Malta Leona Cool, Cola & Pola, are the leading brands in Colombia. Also controls the airline company Avianca and has holdings in the television stations Caracol and RCN. The president of the company (as of Jan. 06) is Karl Lippert (from Poland). Bavaria's main stockholder is Julio Mario Santo Domingo.
Bavaria donated $3 million to the scandal-ridden presidency of Ernesto Samper (1994-98). Samper's resignation was called for throughout Colombia and the world after it was found out that his campaign had been largely funded by drug traffikers. Bavaria's donation was the second largest after the CaIi Drug Cartel (Committee on Foreign Relations 1996; de Córdoba 1996).
website here: http://www.bavaria.com.co/ingles/home.php

2. Grupo Corona: the leading producer of construction materials, home improvements products, ceramic tiles and sanitary ware in Colombia. The group exports its building material products to more than 25 countries, with Colombia and the United States being its main markets. Largely controlled by the Echavarria Obregon Family.
website here: http://www.corona.com.co/

3. El Sindicato Antioqueño: large producer in insurance (Suramericana tie Seguros), cement (Cementos Argos), and food sectors (Cía. Nacional de Chocolates, Colcafé, Café Sello Rojo).

"In Colombia, there are more than 15 grupos, but 4 stand out: Grupo Empresarial Bavaria, Organización Ardila Lülle, Organizatión Sarmiento Angulo, and Sindicato Antioqueño (Rettberg 2001b).5 For the past decade, these four grupos have owned one-fourth of the largest one hundred public and private companies in Colombia, according to sales, and have consistently owned at least six of the ten largest private domestically owned companies.6 In 1998, their combined sales amounted to over 12.5 percent of Colombia's GDP (Rettberg 2001b). Grupos are also key employers and sources of tax revenues. They hold controlling ownership of companies in the beer and soft drink industry, the cement industry, the food industry, the financial sector, and the mass media." Latin American Politics and Society, Spring 2005 by Rettberg, Angelika

Asesinan a abogada de los nativos de la isla de Barú y a su hijo

Asesinan a abogada de los nativos de la isla de Barú y a su hijo
observador Saturday, May. 28, 2005 at 9:26 PM

Dentro de su casa en el barrio Los Alpes de Cartagena, fue asesinada Mauricia Lafont Espriella de 56 años, abogada de los 94 nativos poseedores en el caso del litigio con los promotores turísticos por los terrenos, 1.427 hectáreas, en Isla Barú. También fue muerto su hijo Carlos Enrique Gómez Lafont, de 17 años.
El hallazgo de los cadáveres ocurrió pasadas las 11 de la mañana de ayer, aunque el doble crimen, al parecer, fue cometido en horas de la madrugada.
La abogada presentaba dos heridas con arma de fuego en la parte posterior de la cabeza y su hijo una en el pecho. La abogada se había hecho célebre, porque desde hace muchos años venía defendiendo a los nativos de la Isla de Barú, una zona insular de Cartagena, que adelantan un proceso en contra de la Nación por la posesión que tienen 94 herederos sobre la Hacienda Santana de una extensión de tierra de 1.427 hectareas.
En la zona se adelantará el megaproyecto turístico que contempla la construcción de tres grandes hoteles de lujo y campos de golf en un terrero de 630 hectáreas sobre las cuales reivindican propiedad el Ministerio de Comercio (280), Valores Bavaria (300) y el grupo Corona (50).

Lo más novedoso del proyecto es la participación no sólo de la Nación, sino de los más importantes empresarios con inmuebles en la isla. Es decir, la familia Obregón Santo Domingo, Valores Bavaria, el Sindicato Antioqueño, el Grupo Corona o sea la familia Echavarría y el empresario Eduardo Luis de la Vega, que lidera el grupo privado.
Según la revista Semana "el presidente Álvaro Uribe se apersonó del proyecto turístico más grande del país". El primer gran hotel de lujo del será construido por la empresa Decamerón en el sector de Playa Blanca. Tendrá cerca de 220 habitaciones y tan pronto se comience a desarrollar este primer proyecto "se va a involucrar a la comunidad isleña para capacitarla, a través del Sena, en las artes de la construcción y en todas las actividades del complejo hotelero. Es decir, cocineros, meseros, recepcionistas, amas de llave, equipajeros y hasta jardineros". La propuesta en materia social contempla además un sistema de protección a las familias raizales de Barú y los pequeños pueblos de nativos como Santa Ana y Ararca, habitados por unas 9.000 personas.

Así para los nativos afrocolombianos despojados de sus tierras, como dice el antropólogo Jaime Arocha, "claro está que hay otras opciones: mesero y cocinera en los hoteles de cinco estrellas que las corporaciones abrirán en espacios a los cuales Unesco quizá les dé carácter de patrimonio de la humanidad, como la ensenada de Utría. Se deduce esa opción del desarrollo que ahorca a los pobres, a partir del interés de la actual administración presidencial por asociarse con Bavaria y Corona para convertir santuarios ecológicos y étnicos, como la isla de Barú, en complejos turísticos para millonarios del norte".

http://colombia.indymedia.org/news/2005/05/26470.php

Spectacular Colombian island in tourism battle

February 21, 2007
Spectacular Colombian island in tourism battle
By Hugh Bronstein
ISLA BARU, Colombia (Reuters) - To visitors, it is a paradise of white beaches and brilliant blue waters, but Colombia's Isla Baru has been scarred by a long fight for control between Afro-Colombian residents and hotel developers.
Armed security guards, paid by the government and private business groups, this month fired around the feet of locals trying to plant fields on contested property worth millions of dollars near the booming Caribbean coast tourist city of Cartagena.
No one was wounded but residents are scared. "Now we know they have orders to shoot at us, we're afraid for our lives," said Carlos Rincon, a farmer. "This is getting worse."
What local media have dubbed "The Battle for Baru" started in the 1970s when the government says it bought 300 hectares from business groups that say they still hold 200 hectares.
Together they have drawn up plans for a luxury resort and want to start building.
But the Afro-Colombian descendants of slaves who say they hold land titles dating back to the 1590s insist the purchase documents were falsified and that they never sold to anyone.
For years, residents have periodically tried to push back into areas they once controlled before being chased out again.
Manuela Miranda says she was detained in 1995 and flown to the capital Bogota where she was interrogated for two days in a hotel room and forced to sign papers saying she had sold her papaya farm
"They said they would take me up to the top of Monserrate and shoot me," she said, referring to a mountain peak that overlooks Bogota. "I ended up signing out of fear."
Miranda never gave up her land though, and says she filed a complaint with authorities despite notes placed under the door of her home telling her to keep quiet.
NO WINNERS
Neither side has won. The developers have been unable to build their hotels, and Isla Baru is mired in poverty.
The island traditionally lives from fishing and tropical fruits but most families have shabby homes, schools are poorly equipped, women carry water to their homes in buckets on their heads, and there are very few jobs.
"We'd like to get to the beach to fish but the guards won't let us through," said Sergio Morales, a father of four. "That's how we always fed our families before this conflict began."
The attorney general's office last year declined a government request to bring invasion of property charges against the locals, leaving the case at a standoff.
Oscar Rueda, Colombia's deputy minister for commerce, industry and tourism, says those who claim land rights must stop confronting security guards and take their case to court.
"They are attempting to invade," he told Reuters. "If you legally own a house you don't come at night with a group of friends and try to take over the property. You file a legal claim to get your house back."
Island residents say documents from the mayor's office in Cartagena prove the property is theirs.
"If the national government and the conglomerates want to contest that decision then they are the ones that must appeal in court," said their lawyer, Alvaro Luna.
A Reuters reporter was stopped by guards on the road to Baru's best beach, Playa Blanca, and forbidden to pass.
Nearby, Morvil Rocha lives in a metal shack close enough to what he claims is his land to watch security guards strolling through the wasting orange groves he once tended.
Families being pushed from their homes is nothing new in Colombia, where more than 3 million people have been displaced by decades of guerrilla war driven by the cocaine trade.
"We're willing to sell but we've never seen an offer," said Carmen Garcia, the owner of a small group of huts that serves as Playa Blanca's only hotel. "People are displaced in Colombia all the time, but by the war. This time it's by tourism.
Copyright © 2008 Reuters
http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2007/2/21/worldupdates/2007-02-21T000440Z_01_NOOTR_RTRJONC_0_-288514-1&sec=worldupdateshttp://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2007/2/21/worldupdates/2007-02-21T000440Z_01_NOOTR_RTRJONC_0_-288514-1&sec=worldupdates

Photos of Playa Blanca