EL TIEMPO, Mayo 4 de 2007.
En septiembre debe estar listo el Plan Maestro para promoverlo. Incluye cuatro hoteles con 250 habitaciones y un campo del golf. Los nativos insisten en que debe aclararse propiedad de tierras. El desarrollo turístico de Barú, en Cartagena, sigue adelante a pesar de la insistencia de los nativos para que se revisen los títulos de propiedad que están en poder del Gobierno. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, manifestó que no existe ninguna acción judicial que reclame derechos de propiedad sobre los predios. No obstante, dijo el Ministro, si alguna persona se considera con derechos sobre los mismos, "puede acudir a la jurisdicción civil, pero no dedicarse a promover invasiones".
Al parecer Plata hacía referencia a Armando Ramírez Marín, un comerciante manizalita que con la ayuda de un grupo de abogados asesora a los nativos de Barú para que reclamen la propiedad del terreno.
Ramírez está convencido de que los nativos -unos 3.500- son los dueños legítimos de los terrenos (Hacienda Santa Ana) en su calidad de herederos, y que es con ellos con quienes deben negociar los constructores de un complejo turístico en la zona, y no con el Gobierno.
Se trata de una pelea de años que ha derivado en desalojos, tutelas y hasta escaramuzas entre las partes.
Todo gira alrededor de unos terrenos frente a unas playas de arena blanca y aguas tranquilas y transparentes, a media hora de Cartagena por lancha, o por una carretera en mal estado que interrumpe el Canal del Dique, al que hay que cruzar en un ferry.
Debate en el Congreso
El tira y afloje llegó hasta el Congreso el pasado 24 de abril. Al debate asistieron el ministro Plata y Ramírez.
Por petición del senador Samuel Arrieta quedó planteada la conformación de una Comisión de Seguimiento con representantes de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el propio Arrieta, y sus colegas Javier Cáceres, Piedad Córdoba y Manuel Antonio Virgüez.
Esta Comisión vigilará si en la construcción del proyecto de Barú se han violado los derechos de los nativos.
El reclamo de los lugareños -expresado por Ramírez y sus abogados- se fundamenta en que el Gobierno compró, en 1982, unos títulos irregulares (falsa tradición) a unos particulares que mal podían acreditar propiedad sobre un bien de naturaleza comunitaria.
"En un bien solidario -explican los abogados- un derecho puede venderse para disfrute, pero jamás como fracción expresada en lotes. Salvo, claro está, que se liquide la figura solidaria, cosa que nunca ocurrió en el caso de la hacienda Santa Ana, vendida a los 94 comuneros que a finales del siglo XIX trabajaban allí".
El Ministerio de Comercio Industria y Turismo es, a su manera, otro "heredero", porque los títulos que posee fueron comprados a particulares (Beatriz Santo Domingo de Obregón; los hermanos Gabriel y José Antonio Echavarría Obregón, Norman Echavarría Olózaga, y una entidad llamada Adela Administración y Servicios Colombia) por la desaparecida Corporación Nacional de Turismo (CNT).
Esos títulos pasaron después al Ministerio de Desarrollo Económico, y ahora, con la fusión de carteras ministeriales en el gobierno Uribe, están en manos del actual Ministerio de Comercio.
Ramírez se preocupó por reunir, en diferentes escenarios, a los herederos de la hacienda Santa Ana, la mayoría de ellos dispersa por la Costa Atlántica y parte de Antioquia. La intención es liquidar la herencia, definir cuánto le corresponde a cada uno, y pasar a negociar de manera unificada con los particulares que impulsan el proyecto.
"No nos oponemos al desarrollo turístico de Barú, pero los inversionistas deben negociar con los legítimos dueños", insistió Ramírez.
Pero mientras los nativos aspiran a que, al menos en alguna instancia del proceso, los títulos sean revisados, la iniciativa sigue su marcha. En septiembre próximo debe estar listo el Plan Maestro Conceptual, que servirá para promover el turismo de manera unificada.
Pelea jurídica se intensificó hace 8 años
En el 2002, la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Cartagena dejó sin efecto una orden de lanzamiento que cursaba desde 1999 contra la nativa Amalia Julio y otros ocupantes.
La Superintendencia de Notariado y Registro concluyó, en segunda instancia, que los predios de La Puntilla pertenecen al Ministerio de Comercio.
En Playa Blanca (o Punta Seca), la Nación recuperó 13 lotes en una diligencia que estuvo a punto de malograrse el 23 de octubre del año pasado por varias tutelas.
El comerciante Armando Ramírez ha reunido varias veces a los herederos. El lunes 23 de abril, el día previo al debate, convocó a unos 2.000 en la Plaza de la Aduana.
Así será el plan
El proyecto turístico en Barú incluye un campo de golf de 18 hoyos, una marina internacional, 4 hoteles de 250 habitaciones, 2.000 villas, un centro comercial, un centro de salud y un centro de convenciones.
Permitirá atraer 400 mil nuevos turistas al año, así como la generación de 350 millones de dólares anuales de divisas.
En su fase de construcción generará más de 1.000 empleos directos; cuando esté operando, un poco más de 2.000; y unos 5.700 empleos indirectos.
El proyecto ocupará 438,8 hectáreas, con 2,8 kilómetros de playa.
Thursday, September 18, 2008
Disparos en la Puntilla
El Sol
Julio 20 de 2008
Los nativos hacen memoria de otros hechos violentos como los disparos que los vigilantes de SEGBARU, hicieron en el predio La Puntilla, contra abogados, nativos y periodistas, en hechos ocurridos el 1ro. de febrero de 2007 en los predios del nativo Alfonso Pineda Julio
.
Interrogantes
¿Cuántas denuncias penales tiene esta empresa de vigilancia, pagada por la nación y las empresas privadas que están en el proyecto? ¿Cuánta sangre ha de correr para que se tomen cartas en el asunto?
¿Hasta cuando la Alcaldía, la Fiscalía y Fonade van a tomar cartas en este asunto que es ya una bomba de tiempo que se siente que va estallar en cualquier momento?
¿El procedimiento era pegarle un tiro a este nativo para sacarlo de este terreno, solicitar una acción policiva para desalojarlo, pedirle a la Capitanía del Puerto que lo desalojara por estar ocupando terrenos de bajamar , negociar como se venía haciendo con él y firmarle el papel del acuerdo como Erenel lo exigió?
La concentración será en la Plaza de la Aduana a las dos de la tarde y a la misma concurrirán los herederos de la Hacienda Santa Ana, en solidaridad con la familia del nativo asesinado a bala. En la misma estará el senador bolivarense Samuel Arrieta, autor de un debate candente en el Congreso de la República, sobre este álgido tema, quien pedirá que se haga justicia y que se aceleren los procesos.
Julio 20 de 2008
Los nativos hacen memoria de otros hechos violentos como los disparos que los vigilantes de SEGBARU, hicieron en el predio La Puntilla, contra abogados, nativos y periodistas, en hechos ocurridos el 1ro. de febrero de 2007 en los predios del nativo Alfonso Pineda Julio
.
Interrogantes
¿Cuántas denuncias penales tiene esta empresa de vigilancia, pagada por la nación y las empresas privadas que están en el proyecto? ¿Cuánta sangre ha de correr para que se tomen cartas en el asunto?
¿Hasta cuando la Alcaldía, la Fiscalía y Fonade van a tomar cartas en este asunto que es ya una bomba de tiempo que se siente que va estallar en cualquier momento?
¿El procedimiento era pegarle un tiro a este nativo para sacarlo de este terreno, solicitar una acción policiva para desalojarlo, pedirle a la Capitanía del Puerto que lo desalojara por estar ocupando terrenos de bajamar , negociar como se venía haciendo con él y firmarle el papel del acuerdo como Erenel lo exigió?
La concentración será en la Plaza de la Aduana a las dos de la tarde y a la misma concurrirán los herederos de la Hacienda Santa Ana, en solidaridad con la familia del nativo asesinado a bala. En la misma estará el senador bolivarense Samuel Arrieta, autor de un debate candente en el Congreso de la República, sobre este álgido tema, quien pedirá que se haga justicia y que se aceleren los procesos.
El asesinato de anciano nativo en Playa Blanca provoca manifestación en Plaza de la Aduana
LA MUERTE DE ERENEL CAMARGO PEREZ
El Sol
Julio 20 de 2008
"Es un repudiable
hecho pero no es
aislado…
Es intimidatorio"
-La manifestación, de dos a cuatro de la tarde, no es solo por el asesinato a Sangre Fría de Erenel Camargo, un anciano cultivador de cocos.
-Los nativos marcharán contra lo que llaman "Crónica de una muerte anunciada" y a la que califican no de un hecho aislado cometido por un vigilante, sino de una política de intimidación contra quienes reclaman sus derechos en el proindiviso de la Hacienda Santa Ana.
El asesinato a sangre fría de un anciano en Playa Blanca, no es más que la crónica de una muerte anunciada y el desencadenamiento de una violencia que se veía venir y se había pronosticado, a raíz de las disputas por las tierras de la Hacienda Santa Ana, en la Isla de Barú.
Esto no es un caso aislado. En días anteriores, otra familia que disputa un terreno en la hacienda Santa Ana, fue amenazada de muerte, por un trabajador y testigo de la contraparte, en el proceso de tierras del predio Guayacán.
En otro sector de la misma Hacienda Santa Ana, en Portonaito, mientras la familia Maldonado, llevaba seis meses de negociaciones, con los abogados de los perturbadores de sus terrenos, conversaciones que están grabadas en cintas, llegó un grupo fuertemente armado de esta misma empresa de vigilancia y sacó a la fuerza a los miembros de la familia, quitándoles violentamente la posesión. Al momento de reclamar la familia Maldonado se encuentra que milagrosamente resultó un amparo policivo en su contra, del cual ellos no se dan explicación en qué momento se hicieron inspecciones oculares, peritazgos, se recibieron testimonios, para que le fuera concedido este amparo policivo contra indeterminados. Si ellos han estado siempre en su terreno y en dicho predio nunca ha habido estas actuaciones jurídicas y no se explican, si llevan seis meses de negociaciones con los abogados y contrapartes, se da un amparo policivo contra indeterminados cuando siempre han estado negociando contra quienes presumen ser propietarios.
Erenel Camargo Pérez, tenía sembrados unos cocos y hacia posesión en un terreno que está dentro de las tierras de un proyecto hotelero próximo a realizarse. El señor de 70 años de edad, sólo pedía que le compraran sus cosechas y sus mejoras. Ya se había llegado a una negociación con él, cuando un vigilante de la firma SEGBARU, que dirige el coronel (r) Amadeo González, disparó contra él y lo mató. ¿a razón de qué, si el señor está sentado en una silla, viene un vigilante, que no es ni fu ni fa, ni tiene que ver, y dispara contra él, cuando ya se estaba logrando un acuerdo entre las partes y el señor reposaba su guayabo y dormía?
Los nativos sienten y piensan que "esta muerte no es simplemente el asesinato de Erenel, sino un mensaje de intimidación para quienes están peleando tierras". Por lo que este lunes 21 de julio marcharán para repudiar los crímenes, las vejaciones y las intimidaciones.
El Sol
Julio 20 de 2008
"Es un repudiable
hecho pero no es
aislado…
Es intimidatorio"
-La manifestación, de dos a cuatro de la tarde, no es solo por el asesinato a Sangre Fría de Erenel Camargo, un anciano cultivador de cocos.
-Los nativos marcharán contra lo que llaman "Crónica de una muerte anunciada" y a la que califican no de un hecho aislado cometido por un vigilante, sino de una política de intimidación contra quienes reclaman sus derechos en el proindiviso de la Hacienda Santa Ana.
El asesinato a sangre fría de un anciano en Playa Blanca, no es más que la crónica de una muerte anunciada y el desencadenamiento de una violencia que se veía venir y se había pronosticado, a raíz de las disputas por las tierras de la Hacienda Santa Ana, en la Isla de Barú.
Esto no es un caso aislado. En días anteriores, otra familia que disputa un terreno en la hacienda Santa Ana, fue amenazada de muerte, por un trabajador y testigo de la contraparte, en el proceso de tierras del predio Guayacán.
En otro sector de la misma Hacienda Santa Ana, en Portonaito, mientras la familia Maldonado, llevaba seis meses de negociaciones, con los abogados de los perturbadores de sus terrenos, conversaciones que están grabadas en cintas, llegó un grupo fuertemente armado de esta misma empresa de vigilancia y sacó a la fuerza a los miembros de la familia, quitándoles violentamente la posesión. Al momento de reclamar la familia Maldonado se encuentra que milagrosamente resultó un amparo policivo en su contra, del cual ellos no se dan explicación en qué momento se hicieron inspecciones oculares, peritazgos, se recibieron testimonios, para que le fuera concedido este amparo policivo contra indeterminados. Si ellos han estado siempre en su terreno y en dicho predio nunca ha habido estas actuaciones jurídicas y no se explican, si llevan seis meses de negociaciones con los abogados y contrapartes, se da un amparo policivo contra indeterminados cuando siempre han estado negociando contra quienes presumen ser propietarios.
Erenel Camargo Pérez, tenía sembrados unos cocos y hacia posesión en un terreno que está dentro de las tierras de un proyecto hotelero próximo a realizarse. El señor de 70 años de edad, sólo pedía que le compraran sus cosechas y sus mejoras. Ya se había llegado a una negociación con él, cuando un vigilante de la firma SEGBARU, que dirige el coronel (r) Amadeo González, disparó contra él y lo mató. ¿a razón de qué, si el señor está sentado en una silla, viene un vigilante, que no es ni fu ni fa, ni tiene que ver, y dispara contra él, cuando ya se estaba logrando un acuerdo entre las partes y el señor reposaba su guayabo y dormía?
Los nativos sienten y piensan que "esta muerte no es simplemente el asesinato de Erenel, sino un mensaje de intimidación para quienes están peleando tierras". Por lo que este lunes 21 de julio marcharán para repudiar los crímenes, las vejaciones y las intimidaciones.
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